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La Universidad de Málaga contará con 64 millones para sufragar gastos de la pandemia e inversiones

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MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades pone a disposición de la Universidad de Málaga un total de 64 millones de euros hasta el ejercicio 2023 para hacer frente al impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la organización del nuevo curso académico y para llevar a cabo inversiones en infraestructuras que fomenten la actividad económica.

De ese montante (9,2 millones) procede de la partida de 61 millones de euros del Fondo COVID dirigida a las universidades públicas andaluzas para compensar el esfuerzo económico que han tenido que realizar con el fin de sufragar los gastos extraordinarios derivados del coronavirus.

El uso de estos recursos se circunscribe al curso 2020/2021 y entre las iniciativas susceptibles de ser financiadas con esos recursos se encuentran la adecuación de espacios o los planes propios de becas para estudiantes con dificultades económicas sobrevenidas, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

También se incluyen acciones para reforzar la digitalización de los recursos docentes e investigadores y sus procesos de gestión, así como para intensificar la formación en el uso de las herramientas digitales por el profesorado y garantizar a los estudiantes la adquisición de competencias digitales.

La Junta de Andalucía hará efectiva en los próximos días la transferencia de esos 61 millones de euros dirigidos al sistema universitario público andaluz y su distribución se ha realizado en función de los estudiantes matriculados y en los distintos grados, másteres y doctorados con los que cuenta cada una de las instituciones académicas. A la malagueña, con 36.432 alumnos, le corresponde por tanto recibir de la cartera, el 15,07 por ciento.

El Gobierno central constituyó el Fondo COVID-19 con un presupuesto de 16.000 millones de euros con el fin de que los gobiernos regionales financiaran el coste de la pandemia y compensaran la reducción de los ingresos por la menor actividad económica, han puntualizado. De ese fondo global, 2.000 millones corresponden al tramo educativo y de esa partida Andalucía dispone de 383,8 millones para educación, recursos de los que se extraen esos 61 millones.

Los restantes 54,9 millones de euros de los que dispone la Universidad de Málaga se enmarcan en el Plan de Inversiones de 165 millones de euros autorizado por la Consejería de Transformación Económica para que pueda ser usado hasta el ejercicio 2023 por todas las instituciones académicas andaluzas en el impulso o adecuación de infraestructuras.

Estos fondos tienen la condición de remanentes de tesorería no afectados, que son los sobrantes de presupuestos con los que se dotan anualmente a las universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos, al haber obtenido mayores ingresos en el cobro de tasas universitarias.

Estos remanentes ya están disponibles una vez que la Consejería que dirige Rogelio Velasco ha aprobado los diferentes programas de inversiones presentados por cada una de las universidades. En el caso de la universidad malagueña, ese presupuesto de 54,9 millones podrá utilizarse para actuaciones de equipamiento, reforma de edificios o implementación de iniciativas relacionadas con las TIC contempladas en su plan.

MEJORA DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA

Desde el Gobierno de Andalucía han precisado que la mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza es «una de las priodiades de la Junta» y han recordado las medidas como el abono de la deuda de 180 millones «que el Ejecutivo autonómico anterior mantuvo con el sistema universitario público durante años. Con esta iniciativa, se ha logrado dotar de mayor solvencia a las cuentas de las universidades públicas».

A esta actuación se suman la autorización de uso de los 165 millones de euros de remanentes para inversiones, que constituye la mayor capacidad de gasto con esta finalidad de los últimos años; o la movilización de 136 millones de fondos públicos, a través de convocatorias para la I+D+i que permanecieron paralizadas desde 2012, que supone dotar de mayor músculo a la investigación en las universidades de los últimos diez años, han enumerado desde el Gobierno autonómico.

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