El TSJA acuerda la suspensión cautelar del PGOU de Torremolinos 1

El TSJA acuerda la suspensión cautelar del PGOU de Torremolinos

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MÁLAGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha acordado la paralización o suspensión de forma cautelar del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad malagueña de Torremolinos.

Así, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y que se puede recurrir, el alto Tribunal andaluz estima suspender el plan hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por una empresa relativo a la aprobación y publicación de dicho planeamiento, en el que están como demandados el Ayuntamiento, la Junta y una sociedad.

La empresa que presentó el recurso sostiene entre sus argumentos que no se ha tramitado en forma la evaluación ambiental estratégica y entiende que «deben prevalecer los intereses medio ambientales sobre los urbanísticos», por lo que pidió la suspensión cautelar de varias resoluciones de la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta relativas a la aprobación del PGOU, con el fin de que no se causara perjuicios «irreversibles».

Ante esto, el TSJA señala que se trata de determinar si se ha llevado a cabo la evaluación ambiental estratégica según la legislación o si se ha realizado, como dice el recurrente, «una adaptación del informe de valoración medioambiental» y estima la suspensión cautelar, aludiendo a sentencia del Tribunal Supremo en las que se establece que deben primar intereses públicos, aunque sin entrar en el fondo del asunto, que se verá en el recurso.

«Sin desconocer que lo que en realidad se produjo fue un cambio normativo durante la tramitación del PGOU, sin más ello no autoriza a que dicho informe de Evaluación Estratégica Ambiental pueda tenerse por tal adaptando el informe de Valoración Ambiental», dice el auto, añadiendo el hecho que el PGOU fue aprobado inicialmente el 11 de febrero de 2010 y su aprobación definitiva de manera parcial fue el 28 de noviembre de 2017.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, una vez conocida la resolución, han informado de que trabaja en los procedimientos necesarios para recurrir la decisión del tribunal de paralizar el plan general del municipio «debido a la disconformidad del TSJA con los criterios utilizados por la Junta de Andalucía para la tramitación medioambiental del propio documento».

Así, a través de un comunicado, la edil titular del área, Maribel Tocón, ha indicado que el gabinete jurídico municipal «ya trabaja en la defensa de un plan general que ha seguido todos los procedimientos y criterios impuestos por la Junta de Andalucía, que es el órgano competente para la aprobación definitiva del PGOU».

«Nos ha sorprendido mucho la decisión debido a que el nuevo plan general defiende de forma mucho más exhaustiva el medioambiente que el anterior plan. El PGOU recientemente aprobado es mucho más garantista a la hora de cumplir con los criterios ambientales y de sostenibilidad, protegiendo a grandes rasgos espacios que anteriormente estaban en peligro de explotación como la sierra», ha señalado la edil.

Según ha apuntado, la nueva situación «se resolverá en los próximos días, y desde ya trabajamos en articular los recursos necesarios para defender los intereses de los ciudadanos de Torremolinos, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento ha seguido a rajatabla todos los criterios y procedimientos trasladados por los órganos sustantivos y competentes en el desarrollo y aprobación del PGOU».

De momento, ha indicado que «además de solicitar una reunión urgente a la Junta de Andalucía para atender la situación generada por su propio documento medioambiental, requeriremos al TSJA que pida una garantía económica a la parte recurrente de cara al daño económico que pueda resultar de la suspensión cautelar del PGOU de Torremolinos».

Asimismo, ha lamentado que «otros municipios se hayan visto afectados igualmente después de que el TSJA haya señalado como insuficiente las instrucciones de la Junta de incluir una adenda medioambiental en las modificaciones o desarrollos de los nuevos planes generales, una decisión que podría también perjudicar a más de una docena de municipios de la provincia».

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